La Federación vecinal y el Consell de la Joventut de València presentan soluciones y propuestas ante el problema de la vivienda

Este martes 12 de marzo ha tenido lugar en el salón de actos del Espai Jove VLC un acto público en el que se ha abordado el problema de la vivienda en la ciudad de València. El debate se ha organizado conjuntamente por la Federació d’Associacions Veïnals y el Consell de la Joventut de València, con la participación de Eva Álvarez, arquitecta y profesora de la Universidad Politécnica de València; Jorge Gil, arquitecto urbanista y también profesor de la Universidad Politécnica de València; Luis Alventosa, abogado especialista en derecho civil y urbanismo; Pablo Bottero, vocal de Derechos de la Juventud en el Consell de la Joventut de València (CJV), y María José Broseta, presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV).

Un debate abierto organizado por ambas entidades ha abordado el grave problema de la vivienda en la ciudad junto a expertos en la materia

Este acto público se enmarca dentro de las distintas acciones que se vienen desarrollando a partir del trabajo de análisis y propuestas que las asociaciones están llevando a cabo en diferentes cuestiones consideradas claves para la ciudad, como son por ejemplo la participación, el ocio y turismo, la movilidad o, como en este caso, la vivienda.

El debate, que se ha organizado bajo el título “El problema de la vivienda en la ciudad de València: propuestas y soluciones frente a los intereses empresariales y la inacción política que nos expulsa de nuestros barrios”, ha sido presentado por María José Broseta, presidenta de la Federación vecinal. La portavoz del movimiento vecinal organizado de València ha comenzado situando la crítica situación del acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía y su relación con el desarrollo de un modelo de ocio y turismo que ha colocado a la vivienda residencial en el punto de mira de los inversores, de forma que el alquiler o la compra para uso residencial resulta postergado frente al uso de vivienda de uso turístico.

“Esto está generando serios problemas en el acceso a una vivienda asequible, ya sea de alquiler o en propiedad”, ha señalado María José Broseta, que ha añadido que, a esto, “se une la práctica inexistencia de Vivienda de Protección Pública en sus diversas modalidades, así como la escasez de suelo público destinado a uso residencial y a vivienda de protección pública”.

Marco legal y visión académica

En la mesa redonda se ha aportado una interesante visión académica y legal, con las intervenciones de arquitectos, urbanistas y juristas que han participado. En primer lugar, Luis Alventosa, abogado especialista en derecho civil y urbanismo, ha abordado el
Reglamento de la Unión Europea que regula el alquiler de corta duración, y también la normativa que faculta a las comunidades de propietarios a limitar o condicionar el uso de alquiler turístico en viviendas, así como la modificación de un local comercial para uso turístico.

Por su parte, Eva Álvarez, arquitecta y profesora de la Universidad Politécnica de València, ha expuesto los casos de ciudades como Viena o Barcelona en relación con la vivienda, así como la cuestión de las cooperativas y la perspectiva de género. En el caso de Viena, por ejemplo, es una ciudad que apuesta claramente por la vivienda pública y ofrece alquileres con muy buenas condiciones para sus habitantes, con una tradición de más de cien años de promoción de vivienda pública.

Asimismo, el arquitecto urbanista Jorge Gil, también profesor de la Universidad Politécnica de València, ha señalado la importancia de cambiar la forma de producir suelo para la promoción de vivienda. “Es necesario que los nuevos desarrollos urbanísticos estén vinculados a la renovación urbana de los barrios existentes, generando excedentes de edificabilidad que puedan destinarse a la rehabilitación de viviendas con destino público. Sólo de este modo lograremos corregir la gentrificación de los barrios”, ha explicado.

El problema de la vivienda para la juventud

La perspectiva joven ha sido uno de los elementos centrales de este debate, ya que la juventud es un colectivo especialmente vulnerable a la hora de acceder a una vivienda. En ese sentido, Pablo Bottero, vocal de Derechos de la Juventud del Consell de la Joventut de València, ha señalado que la vivienda ya no es un derecho para las personas jóvenes en València. “Sólo uno de cada 10 menores de 30 años puede emanciparse. El Consell de la Joventut creemos que los pisos turísticos tienen que regularse más, el parque público de vivienda dar prioridad a la gente joven y que la ley de vivienda se aplique en nuestra ciudad. Existe un consenso social sobre este problema que necesita de respuestas políticas valientes”, ha dicho.

Propuestas trasladadas a las Administraciones públicas

Como propuestas frente a la crisis de la vivienda, en lo que se refiere a la ciudad de València, el documento elaborado desde la Federación vecinal recoge:

La aprobación de una Ordenanza sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUTs), siendo objetivos necesarios de dicha Ordenanza los siguientes:

a. El control, inspección, y supresión de las VUTs ilegales.
b. Contemplar las VUTs como una actividad económica, sujetas a la correspondiente licencia de actividad, siendo preceptivo la obtención previa de la compatibilidad urbanística expresa, no por declaración responsable.
c. Establecer unos porcentajes máximos de implantación de las VUTs en los distritos de la ciudad, en función de la necesidad de vivienda residencial, ya sea en la modalidad de alquiler o propiedad, otorgando prioridad absoluta a la vivienda residencial frente al resto de usos.
d. Regular las distancias entre VUTs ubicadas en planta baja con el fin de evitar la simplificación del tejido comercial de los barrios en el uso turístico hotelero.
e. Establecer una moratoria en la concesión de licencias para VUTs en toda la ciudad, hasta que la ordenanza entre en vigor.
f. Promover la transformación de las viviendas turísticas existentes en viviendas de alquiler joven mediante la exención fiscal, con el compromiso de mantener la calificación durante, al menos, 10 años. La gestión de estas viviendas correría a cargo de las agencias públicas municipales

Con relación al problema de la escasez de suelo, se propone que cada uno de los Planes Especiales de las Áreas Funcionales recojan las necesidades de vivienda en su ámbito y establezcan las reservas de VPP necesarias para garantizar el acceso a la vivienda en cada barrio, destinando porcentajes para aquellos colectivos con mayores dificultades para acceder a la vivienda. En el caso de barrios ya consolidados, los Planes Especiales deberán establecer los mecanismos de generación de dichas viviendas mediante el establecimiento de Áreas de Renovación Urbana preferentes, que deberán desarrollarse mediante Programas de Rehabilitación. Estos programas permitirán generar excedentes de aprovechamiento en favor de la administración que se destinarán a la construcción de VPP.

Los Planes Especiales deberán, también, identificar aquellos suelos de dominio público que fueran susceptibles de recalificarse como equipamientos asistenciales que puedan albergar alojamientos temporales o permanentes para las personas: VPPs, residencias de ancianos, centros de día, viviendas tuteladas, espacios intergeneracionales de residencia, etc.

Se propone la elaboración de un plan cuatrienal de vivienda, con un calendario, fases, acciones previstas y tipologías de viviendas. El control del cumplimiento del plan se realizaría con una comisión específica.

Realizar un control exhaustivo de los edificios que deban realizar el Informe de Evaluación del Edificio y requerir su redacción y presentación urgente con el fin de disponer de una base de datos adecuada para la toma de decisiones sobre la delimitación de las áreas de regeneración urbana preferentes en los barrios y evaluar y programar el coste de las inversiones públicas necesarias.

La participación de la administración pública en las operaciones de renovación urbana mediante la concesión de ayudas públicas debe conllevar contrapartidas obligatorias por parte de los propietarios de los inmuebles que no residan en ellos con el fin de que dichas viviendas se destinen al mercado del alquiler con precios tasados que permitan alquileres asequibles (<30% de los ingresos familiares).

La creación de una agencia municipal de alquiler, con el fin de gestionar las VPPs municipales, de asesorar a los arrendadores y a los arrendatarios de viviendas y de coordinar las ayudas públicas y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones de renovación urbana con contribuciones públicas. Esta agencia podría gestionar, entre otras cosas, el alquiler público de viviendas privadas mediante la cesión del uso a la administración por periodos de 10 años, a cambio de exenciones fiscales a los propietarios, que pudieran incrementar la pérdida de renta por la vía del ahorro fiscal.

Que las viviendas de alquiler con contratos inferiores a 12 meses, incluyendo los subarriendo, se consideren una actividad económica que precise la obtención de una licencia de actividad inocua para su funcionamiento, ya que se trata de un régimen de alquiler temporal con mucha rotación. Con el fin de evitar la concentración de este tipo de viviendas en los edificios y en algunos barrios, se deberán establecer parámetros reguladores que regulen la densidad máxima de estas viviendas, especialmente, en los barrios cercanos donde se concentren este tipo de alquileres, ya tensionados por esta causa.

Junto a la declaración de la ciudad de Valencia como zona tensionada con el fin de controlar los precios del alquiler de la vivienda y proteger a los inquilinos, se debe incrementar la fiscalidad de las viviendas vacías con el fin de que éstas se incorporen al mercado. También es posible la bonificación fiscal y las ayudas directas en el caso de que estas viviendas se destinen al alquiler a un precio tasado, que facilite el acceso a la vivienda a las rentas más bajas y a los jóvenes.

Tener un censo de los habitantes flotantes de la ciudad, con el fin de poder identificar las dinámicas que puedan tensionar el mercado de la vivienda. Se propone, pues, la creación de un registro municipal de habitantes temporales en el que sería obligatorio inscribirse para estancias continuadas superiores a tres meses.

Las asociaciones vecinales se ofrecen como canalizadores de las denuncias vecinales por los usos irregulares de las viviendas y locales de los barrios, con el fin de coadyuvar a una mejora de la calidad de vida en los barrios.

Es necesario considerar a las personas jóvenes como un colectivo especialmente vulnerable y prioritario en la adjudicación de contratos de alquiler asequibles, tanto en VPP como en aquellos contratos en los que los propietarios se vean bonificados/subvencionados, para que éstas puedan empezar su proyecto de vida en la ciudad.

Aumentar las ayudas municipales al alquiler que, a pesar de ser una medida transitoria y paliativa, debe apoyar otro conjunto de medidas para resolver el problema urgente de vivienda de nuestra ciudad.

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