Decepción en la segunda reunión de Juntes per l’habitatge con el secretario autonómico de Vivienda. Este jueves 30 de noviembre, las distintas organizaciones sociales, vecinales y sindicales que conforman la plataforma Juntes per l’habitatge se han reunido con el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández Miralles para escuchar la respuesta de la Generalitat Valenciana a las demandas y propuestas expresadas en la primera reunión de hace un mes.
La respuesta ha sido que desde la Generalitat no se dará respuesta a la emergencia residencial existente a través de las vías legislativas actualmente vigentes para limitar los precios del alquiler, ni prohibir la venta de viviendas protegidas o con personas dentro para especular, ni prohibir los desahucios de personas sin alternativa, solo mediante los instrumentos actuales y una modificación del decreto de adjudicación.
El gobierno autonómico descarta las propuestas para paralizar desahucios y los mecanismos legales para limitar los precios de los alquileres o prohibir la venta de viviendas con residentes a los fondos buitre
Juntes per l’habitatge ha trasladado la necesidad de trabajar en común el problema social que representa paralizar todos los desahucios sin alternativa habitacional y el hacer frente al precio de la vivienda, sea de compra o de alquiler. Lamentablemente, de la reunión se concluye que la administración autonómica no hará uso de sus competencias ni del marco legislativo vigente para dar respuesta a la emergencia residencial. Ni de las personas que no tienen vivienda, ni de las que se quedarán sin ella. Tampoco se prohibirá la venta de vivienda protegida, o con personas dentro, ni se establecerán zonas tensionadas, ni control de precios de los alquileres, a pesar de que la legislación actual lo permite. Tampoco se asumen las medidas que Juntes per l’habitatge le ha propuesto para aumentar el parque público: intervención en viviendas vacías, aumento del ejercicio del derecho de tanteo y retracto, etc.
Desde la plataforma se considera que las medidas presentadas a la Generalitat son totalmente factibles: antes de desahuciar, permitir la cesión de uso; decretar zonas tensionadas y permitir que los ayuntamientos lo puedan hacer. Frente a la salida al problema que plantea la Generalitat Valenciana con construcciones a largo plazo, Juntes per l’habitatge plantea, tres cuestiones básicas:
- Que no haya desahucios de familias sin alternativa.
- Que no se vendan viviendas con gente dentro para especular.
- Que haya una intervención del mercado de la vivienda, del precio de los alquileres, tal y como la ley permite.
Las distintas organizaciones sociales, vecinales y sindicales que componen la plataforma se reunirán en los próximos días para impulsar la movilización en las calles ante la situación de extrema emergencia residencial
“La vivienda es un derecho, no tendría que estar mercantilizado como lo está ahora”, señalan desde la plataforma de organizaciones por la vivienda.
Juntes per l’habitatge manifiesta además su compromiso con el derecho a la vivienda y así se reivindicará en las calles con movilizaciones. En los próximos días, la plataforma se reunirá para dar forma a las movilizaciones que se prevén masivas dado que la vivienda es la principal preocupación actual de la sociedad valenciana.
La plataforma Juntes per l’Habitatge está compuesta actualmente por organizaciones como: la PAH (Plataforma de personas Afectadas por la Hipoteca), la Federació d’Associacions Veïnals de València, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLERS), Sillas contra el Hambre, Iaioflautas València, Ca Revolta, Amnistía Internacional, La Mataobras, Sindicat de barri de Malilla, Luchamos Junt@s por una Vivienda, Entrebarris, Ecologistas en Acción València, Decidim, Benicalap Viu, Teixint Patraix, Assemblea de Barri d’Olivereta, Plataforma per Russafa, Asociación Vecinal de La Torre, Asociación Vecinal de Benimaclet, Asociación Vecinal de Tres Forques, Asociación Vecinal de Campanar, o los sindicatos CCOO PV, UGT PV, CGT, CNT, Intersindical y COS.
