La mercantilización del espacio público, a debate en la Semana Ciudadana

Este martes 18 de junio, la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha realizado en el marco de la 32ª Semana Ciudadana, un debate abierto que ha abordado la actual situación de mercantilización del espacio público que vive la ciudad de València. Bajo el título “Los conflictos en la ciudad mercancía”, esta conferencia realizada en el Complejo Cultural de La Petxina ha contado con la participación inicial de las voces vecinales que han descrito diversas situaciones en los barrios de València que tienen que ver con esa mercantilización del espacio público.

A continuación, se ha desarrollado una mesa redonda en la que han intervenido Luis Manglano, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; Aida Villalba, investigadora de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la UPV, y Joan Olmos, doctor ingeniero de Caminos y profesor de Urbanismo de la UPV.

María José Broseta, presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de València, ha presentado el acto dando la palabra en primer lugar a diversos representantes de asociaciones vecinales de distintos barrios de la ciudad. De este modo, portavoces de asociaciones de barrios como Benimaclet, Patraix, Ciutat Vella o Benicalap han señalado cuestiones relacionadas con ese uso del espacio público que se acaba priorizando para los intereses particulares empresariales afectando muy negativamente a la calidad de vida de la ciudadanía y a los intereses colectivos.

A continuación, y ya en el turno de intervenciones desde la mesa, han hablado los ponentes. Luis Manglano, magistrado del TSJ-CV y especializado en Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente y Tributario, es coordinador de la Sección Territorial de Juezas y Jueces para Democracia, entidad muy interesada en los problemas de los vecinos y vecinas y el modelo de ciudad.

Ha centrado su intervención en la masificación turística y colonización inmobiliaria, abordando las causas, la situación legal y medidas legales y fiscales. Entre otras cuestiones ha abordado la defensa de la tasa turística, como compensación necesaria que debe ir a la ciudad para mejorar la respuesta desde los servicios públicos a la masificación turística actual. Respecto a la cuestión fiscal, ha señalado la necesidad de gravar fiscalmente para disuadir que aumente más todavía la proliferación de los los apartamentos turísticos. También la aplicación de cupos para cruceristas o entradas diarias también desde el aeropuerto. Ha destacado la necesidad de aplicar medidas de control y también de aplicar leyes como la Ley de la Vivienda, que en esta Comunidad aún no se está aplicando.

Aida Villalba, investigadora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la Universidad Politécnica de Valencia, ha realizado una intervención basada en el trabajo que está desarrollando junto a su equipo del proyecto “Near City” de la Universidad Politécnica, que concluirá con una página web en la que se reflejarán visualmente los principales servicios públicos en cada barrio y la proximidad de los mismos desde cada vivienda de la ciudad, y por tanto también las carencias que se localizan y que en muchos casos tendrán relación con esa mercantilización del espacio público.

También ha participado Joan Olmos, profesor titular de Universidad y doctor ingeniero de Caminos, además de estudioso del medio ambiente, el territorio y la ciudad, y colaborador con las iniciativas ciudadanas en defensa del territorio que han surgido en las últimas décadas. Además, es autor del libro de reciente publicación “La reconquista del espacio público”, además de otros títulos.

Tal y como ha destacado, sin un espacio público libre y de calidad no hay ciudad, sino un lucrativo producto para los negocios de todo tipo. “Se ha aceptado e interiorizado con toda normalidad que los coches monopolicen calles y plazas, pero no son solo los coches los que han hipotecado y monopolizado el espacio público, la mercantilización va más allá, porque se trata de un espacio muy valioso, y lo estamos viendo con el descontrol de las terrazas que pagan ese espacio inalienable a precio de saldo. Ante tanta pasividad no resulta extraño que los sucesivos gobiernos locales no se hayan sentido aludidos ni presionados para cambiar de planes. A eso se llama política acomodaticia”, ha destacado.

Propuestas del movimiento vecinal

Tal y como recogen las conclusiones desarrolladas desde la Federación vecinal con el conjunto de las asociaciones, la sobreocupación del espacio público por actividades comerciales relacionadas con la hostelería provoca, en primer lugar, problemas de movilidad en el tránsito peatonal y en segundo lugar, una privatización de facto de calles, plazas y zonas ajardinadas que impiden su uso y disfrute a los residentes.

Esta explotación intensiva viene aparejada en lugares con una alta concentración de locales de un ruido excesivo y de frecuentes episodios de vandalismo y reyertas.

Se constata, además, una manifiesta inactividad del Ayuntamiento en el cumplimiento de las ordenanzas de ocupación del dominio público y de contaminación acústica. Es habitual una ocupación por encima de las autorizaciones concedidas o el incumplimiento de los horarios de recogida de forma reiterada, situaciones que son denunciadas por los residentes sin efecto alguno.

Por todo ello, desde el movimiento vecinal se proponen las siguientes acciones al respecto del espacio público:

• Cumplimiento de la ordenanza sobre ocupación del espacio público y sancionar los incumplimientos reiterados con la retirada de la autorización. En primer lugar, es necesario constatar el compromiso con solucionar el problema y garantizar el cumplimiento de las ordenanzas diseñando un plan de inspección en el que se concreten calendario y ámbito de actuación.
• Convocatoria de mesas de seguimiento de las ZAS en las zonas en conflicto. En las zonas ya saturadas de terrazas es necesario convocar mesas de seguimiento a nivel de distrito para velar por la reducción de las molestias.
• Informe y revisión de los criterios de concesión de las autorizaciones de ocupación del espacio público. En zonas ajardinadas, chaflanes y zonas con una alta densidad de locales se constata una ocupación excesiva de terrazas y que cuentan con la preceptiva autorización de ocupación. Se hace necesario pues realizar un inventario de las terrazas existentes en la ciudad y comprobar la compatibilidad de la autorización con ordenanzas y reglamentos en vigor. Es conveniente conocer número de impagados y efectos y las terrazas sancionadas y efectos.
• Control de los accesos y aforos de los locales de ocio que provocan ruido y molestias. El local o la actividad, y subsidiariamente el Ayuntamiento, deben garantizar la correcta gestión de la entrada y salida del público, especialmente cuando se trata de actividades que se realizan a altas horas de la madrugada. Si el local no es capaz de garantizar un funcionamiento sostenible y el Ayuntamiento carece de los medios suficientes deberá procederse a la limitación de la actividad (aforo y horarios) de aquellos que reiteradamente ocasionan problemas de orden público.
• Medidas de prevención y contención de los botellones. Es una costumbre arraigada en ciertos colectivos la práctica de concentrase en determinados puntos de la ciudad para beber en grupo. A estas conductas solo es posible hacerles frente desde la prevención y la oferta de actividades de ocio alternativas. Pero son necesarias medidas de contención mas inmediatas cuando esta actividad se produce de forma reiterada, alterando el orden público y la tranquilidad de los residentes. Estas medidas de contención deben tener carácter preventivo y disuasorio de la actividad.

Respecto a las viviendas de uso turístico, el uso de viviendas residenciales como apartamentos turísticos está teniendo un crecimiento descontrolado en casi todos los barrios de la ciudad al margen de normas urbanísticas.

Se ha pasado de destinar viviendas residenciales para alquiler turístico a adaptar bajos comerciales en condiciones de “infraviviendas”, al no tener garantizadas las más mínimas condiciones de habitabilidad requeridas, como ventilación o luz natural.

Igualmente se suceden episodios de transformación de edificios residenciales enteros en bloques turísticos, previo desalojo de sus ocupantes normalmente en régimen de alquiler.

Hoy, no se sabe a ciencia cierta cuántos apartamentos existen, aunque constituyen la principal oferta de alojamiento en la ciudad, una oferta que en la mayoría de los casos carece de licencia. Sí sabemos, en cambio, que hay barrios donde ya hay más alojamiento turístico que residencial.

Las consecuencias son: falta seguridad y molestias en las comunidades de residentes, reducción de la oferta residencial en arrendamiento y subidas de los precios del alquiler y carestía de la vivienda.

Las denuncias sobre la actividad de los apartamentos turísticos, al igual que ocurre con las terrazas de la hostelería, tienen un muy escaso recorrido pues se tramitan solo de forma testimonial y con sanciones sin ningún efecto disuasorio.

Desde el movimiento vecinal concretamos las siguientes acciones al respecto:

• Plan de choque para revertir el uso terciario hotelero de viviendas residenciales.
• Informe y revisión de los criterios de concesión de las licencias de compatibilidad urbanística.
• Redacción de una ordenanza que regule licencias y actividad.

Respecto a los cruceros, la actividad del puerto y en especial los cruceros están teniendo un fuerte impacto medioambiental no solo en los barrios del entorno. La congestión de espacios públicos y del propio transporte público es directamente proporcional a la llegada de los cruceros.

El turismo de crucero se caracteriza por una escasa rentabilidad económica a nivel local y un muy alto coste social y de consumo de recursos.

La contaminación del aire de las zonas próximas al puerto como consecuencia del uso de combustibles sucios, un alto consumo de recursos como el agua, la producción de residuos y la saturación de servicios públicos por avalanchas puntuales de visitantes en horas punta, son los principales problemas que ocasionan a la ciudad sin contrapartida alguna.

Desde el movimiento vecinal concretamos las siguientes acciones al respecto:

• Limitar la capacidad diaria de acogida hasta 2.000 cruceristas y/o 2 cruceros diarios como máximo.
• Prohibir la escala de cruceros por encima de la capacidad de acogida.
• Análisis y valoración del impacto ambiental de la nueva terminal frente al barrio de Natzaret.
• Aplicación de una tasa turística a los cruceros en función del número de visitantes.

Se añade una propuesta más respecto a la recuperación del espacio público entre las antiguas bases de la copa américa y el borde del agua, en el tramo que discurre entre el edificio del reloj y la lonja del pescado ocupado por varias empresas:

1/ Este espacio, situado entre los edificios de las bases y el borde del agua, está calificado urbanísticamente como espacio libre ajardinado por el plan especial de la Marina Real Juan Carlos 1 de octubre de 2014, actualmente vigente.

2/ Los edificios de las bases están fuera de ordenación “en diferido” según la normativa del plan especial de la Marina Real vigente; y por tanto, entendemos que no está permitido actuar en la consolidación de la estructura como hemos comprobado que se está realizando en la base situada junto a la desaparecida base china.

3/ La pretensión de renovar las concesiones de los edificios está sujeta a unos “usos limitados” contemplados en la normativa del plan especial de la Marina Real vigente. Por lo que denunciamos el incumplimiento de dicha normativa. Solicitamos que se realice una inmediata inspección de los usos que se están dando a esas bases.

4/ Reiteramos que mantener cerrado el espacio entre las bases y el borde del agua en ese recorrido no es posible por la calificación urbanística de “espacio libre de uso público”.

Desarrollo normativo y Observatorio del Ocio y el Turismo

La importancia del sector turístico en la actividad económica de la ciudad es indudable, sin embargo, sorprende la falta de regulación, incluso la ausencia de una tutela efectiva sobre esta actividad.

Hace ya algunos años que la FAAVV propuso la creación de un observatorio sobre el impacto del ocio y el turismo en la vida de la ciudad. Se trataba de contar con departamento que proporcionara datos reales sobre sus efectos y permitiera adoptar medidas que paliaran los más adversos.

Sin embargo, hasta ahora, el Ayuntamiento ha estado boicoteando su puesta en funcionamiento y eludiendo su obligación de desarrollar las normas que se contienen en la Ley de Turismo y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana.

València tiene la consideración de “ciudad turística” y como tal está obligada a desarrollar toda una serie de normas urbanísticas, como los PORT o PIAT (planes de recursos e infraestructuras turísticas), que permita concretar la capacidad de carga turística y, dado el caso, limitar su actividad declarando las “zonas turísticamente saturadas”.

Por tanto, concretamos las acciones necesarias en:

• Planificación de los recursos turísticos e infraestructuras (PORT y PIAT).
• Elaboración de indicadores de capacidad de carga turística.
• Constitución del Observatorio del ocio y el turismo.