La sesión plenaria celebrada este lunes 1 de diciembre en el Ayuntamiento de València ha tratado, además de la cuestión de la Zona de Bajas Emisiones, sobre la situación de la vivienda en la ciudad. La presidenta de la Federación vecinal de València, María José Broseta, también se ha referido a esta cuestión en su intervención, reclamando diferentes medidas para hacer de la vivienda un derecho y no un producto de mercado. La mayoría de PP y Vox en el consistorio ha rechazado la propuesta de limitar los precios del alquiler.
María José Broseta ha trasladado de nuevo en nombre de las asociaciones vecinales de la ciudad la enorme y creciente preocupación por la cuestión de la vivienda. “La situación de la vivienda es cada vez más grave, en una coyuntura dramática que nos expulsa de la ciudad, obliga a familias a vivir en condiciones precarias y dificulta la emancipación de los jóvenes. Los alquileres son inaceptables y las condiciones para acceder a una vivienda son cada vez más humillantes”, ha recalcado.
La presidenta de la FAAVV ha insistido en la necesidad de “declarar València como zona tensionada para controlar los precios del alquiler y proteger a los inquilinos”, al mismo tiempo que ha señalado otras medidas como: convertir los miles de alojamientos turísticos ilegales en viviendas residenciales; crear una Agencia Municipal del Alquiler que ofrezca seguridad a arrendadores e inquilinos, gestione recursos propios e interpele a los tenedores de viviendas vacías, aplicar mayores cargas impositivas a través del IBI a los más de 36.000 pisos vacíos, activar un plan para movilizar solares, suelo público y el registro municipal de solares, y recuperar la Oficina por el derecho a la vivienda y combatir desde el Ayuntamiento los desahucios.
