Que en la ciudad el uso (y abuso) del espacio público está fuera de control lo ponen en evidencia las protestas y denuncias vecinales cada vez más frecuentes que llegan desde barrios como plz. Honduras, Ciudad Jardín, Ruzafa, Cruz Cubierta, Ciutat Vella o Torrefiel.
Mientras el Ayuntamiento anuncia surrealistas campañas para perseguir al vecindario que denuncia sin ton ni son (como si ese fuera el problema), los jueces le recuerdan su obligación de garantizar la salud y el descanso de sus convecinos. Así están las cosas.Lo mismo que ya pasaba con Rita Barberá sigue, corregido y aumentado, en los tiempos de Joan Ribó. Al menos en la mercantilización del espacio público no parece haber diferencia alguna.
El Palmar, por ejemplo, ya se ha convertido en la representación distópica del futuro que le espera a la ciudad de valència: Un gran comedor en la vía pública sin importar qué pasa con los residentes
Para la policía local la situación se ha vuelto ingobernable. Tal es la confusión reinante que no saben distinguir lo que es una terraza legal o ilegal, ni si son muchas o pocas las mesas disponibles y reconocen su incapacidad para atender todas las denuncias que les llegan.
Desde hace meses venimos reclamando un acuerdo de ciudad sobre el uso equitativo y racional del espacio público, un acuerdo que establezca claramente las prioridades en el uso y ponga limites a la apropiación mercantil.
Pero si los políticos no resuelven tendrán que ser los jueces. El movimiento vecinal está harto de la indolencia y la pasividad municipal para atajar un problema que va en aumento.
La FAAVV de València ha decidido crear un grupo de trabajo permanente sobre ocio y turismo para compartir los problemas que sobre botellón, uso abusivo del espacio público o viviendas de uso turístico están apareciendo en la ciudad como consecuencia de las políticas ultraliberales que por la vía del hecho se aplican en la ciudad.
Mientras nos doran la píldora con discursos sobre la nueva normalidad o la reconstrucción social tras la pandemia, los hechos van por otro lado: minimizar la importancia de las denuncias, incluso penalizarlas, ocultar información o pretender cobrarla, y consentir cuando no promover los abusos. Esta es la realidad del actual desgobierno municipal.
Frente a este panorama el movimiento vecinal ha decidido desplegar una estrategia de defensa común. Compartir experiencias y denunciar judicialmente la degradación, la insalubridad con la que pretenden hacernos convivir.