La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha analizado en su última Junta Directiva el anuncio realizado hace unos días por la alcaldesa de València respecto a las medidas que se pretenden llevar a cabo desde el Gobierno municipal ante el problema del acceso a la vivienda. En ese sentido, la entidad vecinal ha decidido solicitar una reunión a María José Catalá para que explique dichas medidas y hacer partícipe al movimiento vecinal. “Venimos teniendo reuniones con la Concejalía de Vivienda pero hemos sabido de estas propuestas únicamente a través del la prensa”, ha dicho María José Broseta, presidenta de la FAAVV. “Por ello –ha añadido– solicitamos una reunión con la alcaldesa para que nos explique las mismas, dado que hay varias cuestiones que nos preocupan mucho desde el movimiento vecinal”.
María José Broseta: “No hemos recibido ninguna información hasta el momento y queremos que se nos aclaren propuestas que podrían ahondar aún más en la especulación o en la creación de infraviviendas”
La proliferación de infraviviendas, la permisividad ante los especuladores que operan al margen de la ley o el hecho de que se pueda perder suelo público para que pase a manos de promotores privados, son algunas de las principales preocupaciones que surgen al leer las noticias publicadas respecto al plan de vivienda que plantea María José Catalá. “Por eso hemos pedido una reunión directamente con la alcaldesa, para que nos escuche y nos pueda aclarar estas cuestiones, dado que no hemos recibido ninguna información tampoco en las reuniones que hemos mantenido hasta el momento con la concejalía correspondiente”, ha explicado la presidenta de la Federación Vecinal.
María José Broseta ha recordado además que el problema “no es solo una cuestión de ‘desequilibrio’ entre oferta y demanda”, explicando que la actual demanda es inabarcable y la solución, más que construir, es regular la actual demanda, pues no se puede satisfacer una demanda global en un mundo cada vez más inestable. Ha señalado también otros factores endémicos, como la gran cantidad de pisos vacíos –36.000 solo en la ciudad de València– o las bolsas de solares y la falta de políticas activas de fomento de la vivienda pública.
Pero las medidas en ningún caso pueden orientarse al trasvase de suelo público hacia la construcción en manos privadas para enriquecimiento de unos pocos, y tampoco para la generación de infraviviendas a base de parcelar pisos o legalizar locales de uso turístico para vivienda residencial. En este último punto se trata de bajos comerciales que han sido adaptados en un espacio mínimo, es decir, infraviviendas creadas por especuladores a quienes no se aplica el régimen sancionador y a quienes se acabaría regularizando sin que respondan ante su ilegalidad y premiando en cambio con mayor enriquecimiento privado.
