Después de un primer análisis del acuerdo publicitado por el Gobierno municipal en relación a las limitaciones a las viviendas turísticas en la ciudad, la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha manifestado que se trata de una normativa llena de “buenos propósitos” pero a la que el Ayuntamiento aún debe darle credibilidad. Para ello, la Federación vecinal exige que se apliquen desde este momento sanciones que no deberían bajar de los 30.000 euros, tal y como permite la normativa de urbanismo para eliminar realmente los miles de pisos turísticos que operan ahora mismo en València al margen del PGOU y ocasionando la pérdida de viviendas para uso residencial. Asimismo, la FAAVV señala que el Ayuntamiento debe ordenar el cese de la actividad hotelera en la vivienda aplicando con más rigor la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) pero también dando cuenta a la a la Dirección General de Turismo de la Generalitat Valenciana del incumplimiento para que active el procedimiento sancionador mientras llegan las “transferencias de competencias” anunciadas.
María José Broseta: “Deben aplicarse sanciones realmente disuasorias para acabar con los pisos turísticos ilegales, y el ayuntamiento ya tiene medios para ello”
“El Ayuntamiento de València tiene recursos para hacer mucho más de lo que dice para frenar la subida del precio de la vivienda, la desaparición del mercado del alquiler y la actividad descontrolada de los apartamentos turísticos”, ha señalado María José Broseta, presidenta de la FAAVV, que ha informado además que va a convocar un encuentro de asociaciones vecinales para analizar conjuntamente la propuesta y acordar el plan a seguir.
Tal y como ha comunicado la Federación vecinal, los argumentos expuestos en los distintos informes citados en la exposición de motivos del acuerdo de la Junta de Gobierno Local para limitar los pisos turísticos son incontestables y dan la razón a las denuncias que desde hace años está realizando el movimiento vecinal: la actividad de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad son un problema de primer orden, afecta a la calidad de vida de las personas y propicia la especulación con la vivienda.
Sin embargo, todas las medidas propuestas en el acuerdo difícilmente tendrán vigencia durante el presente mandato municipal pues requieren de una tramitación larga e incierta. Además, adolecen de una manifiesta falta de credibilidad, la misma falta de credibilidad que las moratorias decretadas o las limitaciones ya existentes en Ciutat Vella o Cabanyal.
Por todo ello, desde la Federación de asociaciones vecinales se plantea como necesario exigir al Ayuntamiento que actúe sin mas dilación con los recursos que sí tiene, que sea más transparente y pase de las palabras a los hechos. Recuperar vivienda residencial, revertir el uso terciario hotelero debe ser la prioridad, tanto para recobrar la confianza en el gobierno de la ciudad como para atenuar la emergencia habitacional que no es solo económica, lo es también generacional.
La Federación vecinal denuncia la opacidad sobre los datos respecto a los apartamentos turísticos
La Federación vecinal señala los problemas de anunciar una moratoria sin aclarar el resto de cuestiones que afectan a la vivienda debido a la turistificación
