La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) se ha posicionado respecto al desahucio ejecutado este martes en el barrio de Benimaclet denunciando que los poderes públicos permitan constantemente situaciones como ésta en la que un fondo buitre deja a un matrimonio de 62 y 72 años sin un lugar donde vivir y sin ofrecer ninguna alternativa. “Éste no es un caso aislado. La vivienda es un derecho, no una mercancía. No son admisibles este tipo de situaciones que permiten a empresas dedicadas a especular echar a la calle a familias vulnerables”, ha dicho María José Broseta, presidenta de la Federación vecinal.
María José Broseta: “El problema de la vivienda se ha generado por la mercantilización de un derecho fundamental en favor de los especuladores y con el consentimiento de los poderes públicos, no puede abordarse echando a la gente a la calle sin ofrecer ninguna alternativa”
La historia de Marcia y Miguel es la de un matrimonio de 62 y 67 años que compró un piso hace 17 años en plena burbuja inmobiliaria. En 2017 el banco les subió la hipoteca hasta los 1.100 euros. Marcia se quedó en el paro y Miguel tuvo que dejar su trabajo a causa de un ictus. En ese momento el banco se quedó con el piso y con el dinero pagado durante años a cambio de un alquiler. Después el banco vendió la deuda de Marcia y Miguel a un fondo buitre para acabar llevando el proceso hasta este desahucio, sin atender a las alternativas propuestas ni tampoco a sus obligaciones legales como grandes tenedores, y con el consentimiento de los poderes públicos.
Al desahucio han acudido muchos activistas de movimientos sociales, por la vivienda, de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) y de las asociaciones vecinales, como la AVV de Benimaclet. A pesar de ello, con la presencia de siete unidades de furgonetas de antidisturbios, no se ha podido evitar que este matrimonio acabe en la calle pese a que la ley obliga a los grandes tenedores a ofrecer una alternativa habitacional si se trata de familias vulnerables.
Responsabilidades políticas
La Federación vecinal ha señalado las responsabilidades de los políticos y gobernantes, que permiten que sean los especuladores quienes deciden lo que ocurre con las viviendas, a pesar de ser un derecho que teóricamente protege la Constitución, y echan a la calle a las familias al margen de la legislación.
Una prueba más de ello es que el Gobierno de la Generalitat vaya a derogar la ley que permite ampliar el parque público de la vivienda interviniendo en la compra de inmuebles (decreto de tanteo y retracto), o que el Ayuntamiento esté renunciado a la adquisición de viviendas para el parque público.
Desde la Federación vecinal se denuncia también que las Administraciones públicas no hayan ofrecido ninguna alternativa, más allá de la posibilidad de dormir la primera noche en un albergue sin poder llevar allí sus cosas, o con la opción de llevarlos a una residencia de la tercera edad. “No es admisible que éstas sean las supuestas alternativas que se están ofreciendo cuando la Generalitat, por ejemplo, puede exigir la cesión temporal y obligatoria a los grandes tenedores de acuerdo a la propia ley”, ha recodado María José Broseta. “Es una cuestión de voluntad política, de querer o no echar a la gente a la calle y que las casas se queden vacías en manos de especuladores, para que cada día sean más ricos a costa de eliminar derechos constitucionales a la ciudadanía”, ha concluido.
L’Associació Veïnal de Marxalenes va rescatar de l’oblit 12 habitatges socials
Comunicado de la AVV de Benimaclet ante el fallo del TSJ-CV sobre el PAI
