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Home » Manifestación por el derecho a la vivienda y contra la especulación con el turismo

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Manifestación por el derecho a la vivienda y contra la especulación con el turismo

  • 24/10/2024

Este sábado 19 de octubre tuvo lugar una manifestación en las calles de València para defender el derecho de todos y todas a la vivienda, y en contra del modelo turístico actual, totalmente insostenible y especulativo, que nos está expulsando de nuestros barrios.

La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) movilizó a las asociaciones federadas, ante una situación de extrema emergencia habitacional que nos ha abocado a manifestarnos ante un problema que venimos denunciando desde hace años y que sigue sin atajarse de manera decidida y efectiva por los sucesivos gobiernos de las distintas Administraciones públicas.

Por todo ello, la Federación vecinal llamó al conjunto de la ciudadanía, vecinos y vecinas, movimientos sociales, sindicales y políticos a participar en esta justa reivindicación, en defensa del derecho a la vivienda y contra la especulación y el enriquecimiento de unos pocos generado a partir de un modelo turístico que está demostrando ser claramente insostenible y destructivo.

Se está provocando en la ciudad una auténtica burbuja inmobiliaria, con un encarecimiento anormal de un bien de primera necesidad como es la vivienda. Con contratos de arrendamiento que no se renuevan, subidas desorbitadas de los alquileres –la ciudad de València es el lugar de España donde más crece el precio del alquiler–, compra de edificios residenciales para uso hotelero, acoso inmobiliario, desahucios, transformación de bajos comerciales en infraviviendas turísticas, obras en elementos comunes sin autorización de la comunidad, residencias incrustadas dentro de patios de manzanas, ciudadanos de países más ricos como principales compradores de viviendas en subastas… Todo esto está pasando en la ciudad y a una velocidad de vértigo como consecuencia de una actividad turística desbocada.

En esta gran movilización, exigimos a las distintas administraciones transparencia, comunicación y concreción sobre los cambios y acciones que se vayan planteando, así como más participación. Es necesario regular, inspeccionar y sancionar, así como apostar firmemente por la vivienda pública.

Las normativas planteadas no están abordando el problema. No atajan la existencia de viviendas de uso turístico que operan sin licencia. Permiten el uso y abuso terciario hotelero que se hace de viviendas y entornos residenciales, ya sean de diez días o de cuatro meses. Con una burbuja inmobiliaria que mantiene secuestrado el mercado de alquiler para uso residencial, para vivir. En definitiva, nos encontramos con normativas que en lugar de dar herramientas para resolver el problema poniendo límites claros y asumiendo la responsabilidad de inspeccionar y sancionar, están creando un sinfín de cortinas de humo.

De los más de diez mil apartamentos que se ofertan en las plataformas en la ciudad de València, al menos 4.500 estarían fuera de ordenación según datos de informes municipales, por lo que un objetivo realista sería conseguir, antes de un año, que 2.000 viviendas de uso turístico pasen al arrendamiento residencial, ofreciendo a cambio la suspensión del procedimiento sancionador.

Es necesaria una ordenanza que regule la actividad y ponga límites a una actividad que mayoritariamente es ilegal. Exigimos el cierre efectivo de las viviendas de uso turístico incompatibles con el actual PGOU con sanciones disuasorias y exigimos acabar con los recortes presupuestarios del gobierno de la Generalitat que este año han recortado sustancialmente el presupuesto para construir vivienda pública.

Es necesaria una regulación que incluya cómo se tramitan las licencias para este tipo de alojamiento, cómo se regula su actividad y cómo se sancionan los abusos. Y que esta regulación aborde los límites, la capacidad de carga turística. Saber cuántas plazas caben en un barrio o en una manzana en función del número de residentes y de viviendas. También, que se fije, entre otras cosas, un periodo transitorio de un año para que todos los apartamentos cuenten con el certificado de compatibilidad urbanística para poder continuar en el registro público, especialmente los anteriores a 2018.

¡Por el derecho a la vivienda!

¡Basta ya de especular con el turismo!

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