Las asociaciones vecinales de los barrios del Marítim (Grau-Port, Cabanyal-Canyamelar, Malva-Rosa, Natzaret, La Isla Perdida y Ciutat Jardí) se han reunido este lunes junto a la presidenta de la Federació d’Associacions Veïnales de València, María José Broseta, para expresar su rechazo al proyecto del rascacielos impulsado por la Autoridad Portuaria de València (APV) y a la decisión de la alcaldesa, María José Catalá, de ceder una parcela municipal sin contraprestación económica ni social para la ciudad. Además, han acordado realizar acciones conjuntas para defender a los habitantes y sus derechos frente a la proliferación masiva de apartamentos y edificios turísticos con el consecuente colapso del transporte público y proliferación de suciedad y fiestas en hostales y bajos.
Denuncian la cesión gratuita de patrimonio público a la Autoridad Portuaria, y la falta de transparencia y debate de un proyecto ajeno a las necesidades de València
Las entidades, al respecto del proyecto “Baluarte de La Marina”, consideran que se trata de una operación especulativa que responde únicamente a los intereses del Puerto y no al interés general. Denuncian que la cesión se ha realizado sin debate público y sin exigir compensaciones que podrían haber revertido en la ciudad, como un canon millonario o la recuperación para uso ciudadano de parcelas portuarias situadas fuera del recinto portuario.
En este sentido, señalan como ejemplo el polideportivo con piscina que la APV mantiene en el barrio del Canyamelar, de uso exclusivo para su personal, y cuya reversión al uso público no ha sido siquiera planteada por la Alcaldía. Las asociaciones califican esta renuncia a defender el patrimonio municipal como una dejación de funciones muy grave en favor de un lobby concreto.
Respecto al rascacielos proyectado, recuerdan que durante la tramitación del Plan Especial del Cabanyal la Dirección General de Costas obligó a reducir la altura de un hotel de 15 plantas en Eugenia Viñas por su impacto paisajístico y patrimonial. Por ello, consideran injustificable que ahora se pretenda autorizar una torre de 30 plantas en un entorno donde lo que primero debería plantearse es recuperar la histórica Escalera Real para los ciudadanos antes de una operación mercantil para la APV.
También han acordado la realización de acciones conjuntas ante la proliferación de las viviendas turísticas
Las asociaciones subrayan que los barrios marítimos necesitan sobre todo vivienda asequible para frenar la expulsión de su población y no proyectos que, además de agravar el problema, solo parecen destinados a favorecer los intereses económicos del puerto y sus problemas para costear unas obras de ampliación cuestionadas e insostenibles para el medio urbano y natural.
Finalmente, reclaman la paralización del proyecto, la apertura de un proceso transparente de debate público y una revisión profunda de la relación entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, basada en la defensa del interés general, el respeto al entorno urbano y litoral y las necesidades reales de los barrios.
La Federación vecinal centra su intervención en el Pleno del Ayuntamiento en cuestiones como la participación, la vivienda, el medio ambiente, la movilidad y respeto al espacio público
La Federación vecinal pone el foco en la reversión a uso residencial de los 4.500 apartamentos turísticos que operan ilegalmente
