Nos están expulsando
Nos echan de casa, sí. De nuestros barrios, de nuestra ciudad. La situación es más grave cada minuto que pasa. Con más y más gente viviendo en condiciones precarias. Los precios de los alquileres son inaceptables. Independizarse o formar un hogar hoy no es posible para muchas familias y, para la mayoría, a costa de endeudarse de por vida. Muchas familias se ven expulsadas diariamente de sus casas por no poder hacer frente a estos aumentos de precios de vértigo. El hecho es que la vivienda se ha convertido en un activo financiero. Muy por encima que un proyecto de vida. Antes se protege una renta que un techo que garantiza la seguridad y la cohesión social. Pero esta situación tiene soluciones y también responsables que por acción u omisión no las aplican. Por eso, la ciudadanía tenemos que volver a salir a las calles este sábado 20 de diciembre. Para exigir acciones inmediatas a nuestros gobernantes. En primer lugar haciendo accesibles las viviendas que ya existen. El mercado de la vivienda se ha quebrado. Está totalmente roto. Vivimos en un momento en el que, al mismo tiempo que la vivienda es más inaccesible, es cuando más compraventas se firman. No compra quien quiere o quien lo necesita, si no quien puede. Y los que pueden, por lo general, no son residentes, no son vecinos y vecinas. Son rentistas o, sencillamente, especuladores que hacen su agosto de la escasez. Simplemente quieren invertir, enriquecerse, hacer negocio mientras nos expulsan. Así se aniquila un derecho básico mientras se deja hacer. Desde la Federación de Asociaciones Vecinales instamos a la intervención del mercado inmobiliario para devolver a la ciudadanía el derecho a una vivienda digna. Es un derecho recogido en la Constitución que se está transgrediendo sistemáticamente cada día. No vamos a permitirlo. Desde nuestra posición como movimiento vecinal interpelamos a Ayuntamiento y Generalitat para limitar de manera urgente los precios del alquiler. La situación es insostenible. También a convertir los miles de alojamientos turísticos ilegales en viviendas residenciales. Activar una Agencia Municipal del Alquiler que ofrezca seguridad a arrendadores e inquilinos, e interpele a los tenedores de viviendas vacías. Aplicar mayores cargas impositivas a través del IBI a los más de 36.000 pisos vacíos. Activar un plan para movilizar solares y suelo público. Y, mientras no se garantice el derecho a una vivienda digna, exigimos el mantenimiento del escudo social a las miles de familias que no tienen alternativa. ¿Por qué no se implementan estas medidas? ¿Preferimos echar a la gente de sus casas? ¿Queremos que la ciudadanía viva en condiciones precarias? ¿Que asumamos que la juventud ya no puede ni soñar en emanciparse? No podemos permitirlo. Los pisos vacíos no necesitan alarmas ni puertas blindadas, sino residentes. Lo preocupante hoy son los desahucios, desalojos y ceses de contratos de alquiler. Por eso también exigimos la vuelta de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda. La falta de vivienda y la expulsión de personas de sus hogares son dos caras del mismo problema. No hablamos de okupas, sino de personas sin hogar que también merecen protección. Resolver la crisis de la vivienda implica cuidar de quienes son expulsados diariamente de sus casas. Nos están expulsando y no podemos permitir que se siga sin hacer nada. Por todo ello, desde el movimiento vecinal junto a todas las organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda, llamamos a la máxima movilización en la manifestación del sábado 20 de diciembre a las seis de la tarde desde la plaza de San Agustín de València. Por el derecho a la vivienda, ¡ahora!
